Fabra ingresó 5,3 millones sin justificar en seis años, según el informe pericialLas operaciones sospechosas investigadas, en su mayoría entregas en efectivo y cheques al portador, sumaron 70 veces el salario del presidente de la Diputación de Castellón La investigación judicial abierta por presuntos delitos contra la Administración Pública (cohecho, tráfico de influencias y prevaricación) y fraude fiscal contra
Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, encara la recta final. Los peritos judiciales están rematando su informe sobre el marasmo de ingresos y cuentas corrientes (cerca de un centenar) del dirigente político y sus familiares directos.
Según fuentes conocedoras de tales pesquisas, el resultado de las investigaciones, que ha contado con el apoyo de Hacienda, no puede ser más devastador para la imagen de este político del PP. Al contrario que en otros casos, el partido no ha sancionado ni obligado a dimitir de sus cargos institucionales a Fabra, a quien presta todo el apoyo desde hace años a pesar de su imputación judicial y las evidencias en su contra.
Durante los seis años auditados, Fabra obtuvo abultados ingresos sin aparente justificación. Ni guardaban relación con sus fuentes de ingresos conocidas -un salario como presidente de Castellón cifrado en 1999 en 73.000 euros-, ni tenían que ver con cuentas institucionales, ni su forma de entrega (en efectivo o con talones al portador) parecían responder a la economía de un cargo público.
En definitiva, "se ha repetido, año tras año, el modus operandi de 1999, año en el que Fabra ya fue acusado de delito fiscal", explican fuentes al corriente de esta investigación. Y en estos casos se invierte la carga de la prueba: es a él a quien le toca justificar esos ingresos que no declaró a Hacienda, y esto puede dar lugar a un delito fiscal por cada año investigado, aclaran las mismas fuentes.
Fabra, a través de sus cuentas personales o familiares, registró en el periodo auditado (1999-2004) más de 240 entregas de dinero en metálico por un monto de casi 1.800.000 euros, cuando su sueldo oficial acumulado como presidente en la Diputación en ese tiempo no superó los 500.000.
Es decir, por esta vía ya ingresó unas cantidades equivalentes a 24,6 veces su salario de todo un año. La técnica no era de mero goteo de cantidades discretas. En ocasiones, de una sola vez recibía fajos de billetes por valor de 65.000, 41.000, 39.500, 32.000 ó 31.000 euros... Con una semana de diferencia, en diciembre de 2002, ingresó sendas sumas de 26.000 euros. Sus dos chóferes ya han confesado que ingresaron por orden de Fabra dinero en metálico en sus cuentas.
Pero no acaban aquí los ingresos bajo sospecha que han sido analizados por los peritos a instancias de la juez del caso. A lo largo de los seis años investigados, Fabra ingresó en sus cuentas más de 130 cheques, muchos de ellos al portador, por un valor de más de 2.700.000 euros. Es tanto como decir que ingresó casi 37 veces su sueldo anual por esta vía.
Hay un tercer canal que nutre las cuentas del presidente de la Diputación y líder del PP de Castellón: las transferencias bancarias. En el periodo investigado, sumó cerca de 80 operaciones de ese tipo con un monto total de casi 800.000 euros. Es decir, 11 veces su salario anual.
Por último, registra una treintena de abonos que suman casi 30.000 euros. En total, las operaciones de ingreso sospechosas y supuestamente ajenas a sus retribuciones oficiales superan los 5,3 millones de euros. Suman tanto como 73 veces el salario oficial anual de Fabra.
El informe pericial pone fin a seis años de investigación de unas cuentas presuntamente vinculadas a Fabra que han supuesto el examen también de las de sus parientes más cercanos: su esposa, Amparo Fernández Blanes, y sus hijos Borja, Claudia y la diputada Andrea Fabra.
Pero no ha sido la lentitud de la Justicia ni de la Fiscalía Anticorrupción lo que ha eternizado esta causa sino la falta de respuesta de los bancos, que tardaron dos años en informar de las cuentas y movimientos del clan Fabra. Y tras requerirse mediante registro el soporte de cientos de operaciones sospechosas en 2008, hasta primeros de 2009 no se entregó lo fundamental de esos papeles, que luego hubo que cruzar con los datos de Hacienda. Por fin, el rastro aportado por dichos documentos ha permitido interrogar a los supuestos recaderos de los sobres de Fabra -por ejemplo, sus chóferes- y a los empleados bancarios que estaban al corriente de esta operativa. Esto ha cerrado el círculo: el dinero ingresado en las cuentas de Fabra no respondía a donativos anónimos sino que era ordenado y conocido por él, a tenor de las confesiones judiciales ya prestadas por los intervinientes en tales operaciones.
Con el informe pericial en la mano, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Luis Pastor, podrá empezar a perfilar sus conclusiones acusatorias sobre el presidente del PP castellonense. El bosque del centenar de cuentas de Fabra se ha despejado. Y la supuesta doble vida económica de este dirigente popular, también.
Un tren de vida que ya salió a la luz con el informe de Hacienda sobre 1999, que detectó un desfase patrimonial de 600.000 euros. Aún no se sabía que quienes le ingresaban el dinero eran sus chóferes. Los dos han confirmado que el dinero se lo daba el propio Fabra en sobres sin ningún distintivo ni membrete.
Las operaciones sospechosas acreditadas se refieren exclusivamente a ingresos de Fabra y su esposa. Por tanto, en principio, no ha salido ninguna irregularidad que salpique a las cuentas o el patrimonio de sus hijos. Las operaciones sospechosas analizadas son el resultado final de excluir todos los ingresos justificables de Fabra. Y, por supuesto, de dejar aparte las cuentas institucionales de las que era apoderado.
Font: El PAÍS
Este nuevo aniversario de la II República constituye una magnífica oportunidad para plantear cuestiones que se debaten públicamente sobre el modelo de Estado, en un momento de creciente reivindicación republicana. La acusación, fundada, de que nunca se ha preguntado a la ciudadanía qué forma de Estado desea, es contestada por los defensores de la monarquía con el argumento de que el referéndum de la Constitución significó en realidad un plebiscito sobre aquella, ya que la Carta Magna la consagra sin duda alguna. Cierto es también que los partidos mayoritarios que se reclamaban de la izquierda en el panorama político del momento aceptaron sin cortapisas –el Partido Comunista con un entusiasmo que dejó atónitos a muchos– legitimar al rey que había sido designado por el dictador y coronado por las Cortes franquistas, con su cortejo de símbolos y gastos: palacios, personal militar y civil, fiestas, viajes, himno, bandera, uniformes. Y que han debido transcurrir 30 años para que el PCE –ya sin poder político– rectificara y aprobara entre sus objetivos la proclamación de la III República, en coincidencia con la actividad de una generación que despierta del letargo en que se sumieron sus padres, que reivindica la verdadera historia de la Guerra Civil y la dictadura y que reclama justicia para sus abuelos. Pero, con independencia de la evolución del PCE, es importante constatar la desafección entre la población española, especialmente los más jóvenes, hacia una monarquía impuesta a la sociedad por los poderes fácticos en los tiempos inmediatos a la muerte del dictador.
Pardalets lliures de la Renegà,
